El gobierno de Luis Arce Catacora pretende forzar la aprobación de los proyectos de ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estos proyectos buscan dar curso a contratos con la empresa china Hong Kong CBC, así como con la empresa rusa Uranium One Group, en el marco de la explotación del litio, de acuerdo a una nota de las organizaciones de la sociedad civil.
“Como representantes de la sociedad civil y estudiosos del proyecto de explotación del litio boliviano, expresamos nuestro firme rechazo y declaramos estado de alerta ante esta tentativa de comprometer el futuro del país en un momento crítico de inestabilidad política y profunda crisis económica. Nos encontramos a escasos días de las elecciones nacionales y esta decisión no le corresponde ni a este Gobierno, ni a esta Asamblea”, señala el documento de la Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón y Club de Ginebra (CDG).
Se ratifica en cuanto a las observaciones vertidas en el Manifiesto a la opinión pública boliviana de febrero de 2025 y reiteran la denuncia de los siguientes puntos en cuanto a los contratos: Son incompletos, confusos e incongruentes en su redacción y alcance; no muestran ninguna garantía de éxito técnico de una tecnología cuya utilización no se ha demostrado en las condiciones de los salares bolivianos.
Pero también señala que no presentan un plan de negocios serio y confiable que demuestre una viabilidad económica de las inversiones ante un escenario internacional altamente incierto y volátil. Los precios del Li2CO3 actuales en el mercado internacional no cubren los costos de explotación, los que a su vez aún no han sido evaluados con seriedad y menos socializados por el gobierno.
Asimismo, sostienen que los contratos trasladan los riesgos financieros al Estado, al comprometer a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones, mediante la producción de carbonato de litio.
Que se basan en proyecciones financieras de YLB sobredimensionadas y poco realistas; e incluyen cláusulas técnicas y financieras que favorecen desproporcionadamente a las empresas CBC y Uranium One, minimizando sus riesgos y maximizando sus beneficios, en detrimento de la rentabilidad que debería corresponder a Bolivia.
Sostienen que los documentos firmados no abordan adecuadamente los impactos ambientales por falta de información científica básica, ni establecen mecanismos claros de mitigación.
Finalmente, el manifiesto señala que los contratos no garantizan el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informado de las comunidades afectadas y dificultan la posibilidad de renegociar a futuro un aumento en las regalías mineras (actualmente en 3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.
Por tanto, exhortan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a proteger los recursos naturales estratégicos como el Litio y no aprobar los proyectos de contrato que le han sido sometidos. Asimismo, convocamos a la ciudadanía, instituciones, organizaciones y líderes a mantenerse vigilantes.
El futuro del litio, de nuestros recursos naturales y de los compromisos del Estado boliviano no debe estar sujeto a decisiones de última hora de un gobierno de salida.
eldiario.net