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Después de que autoridades de Bolivia y China firmaran el Protocolo de los Requisitos Fitosanitarios, se proyecta exportar 20.000 toneladas (tn) de chía boliviana al gigante mercado asiático, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
“Hemos logrado hacer un convenio histórico, prácticamente un acuerdo histórico con la República Popular de China, donde vamos a exportar chía y tenemos un objetivo junto con los productores, llevar a China 20.000 toneladas de este producto”, explicó en conferencia de prensa.
Recordó que, actualmente, Bolivia exporta alrededor de 13.000 toneladas de chía a Países Bajos, Japón, Estados Unidos, entre otros mercados, que demandan este producto por sus importantes bondades nutricionales.
“Ahora vamos a llevar este producto importante, que produce el país, a China, con 20.000 toneladas. Este acuerdo lo hemos firmado los anteriores días, por lo tanto, es una realidad y es una solicitud que estamos cumpliendo como Gobierno nacional”, indicó el ministro.
Apuntes
El 29 de noviembre de este año, en la ciudad de Beijing, la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, y el viceministro de Comercio de China, Yu Jianhua, firmaron el protocolo que da luz verde a las exportaciones de chía boliviana al gigante mercado asiático. En la previa, el embajador de Bolivia en la República Popular de China, Hugo Siles, resaltó que en ese mercado hay una “alta valoración” y una expectativa “muy grande” respecto a esta semilla.
“La chía es considerada un superalimento, ya que contiene una excelente fuente de fibra, antioxidantes, calcio, proteínas y omega 3. Por esas bondades, su sabor sutil y consistencia única, es un complemento ideal para muchas comidas”, según Quaker.
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Arroceros confirman paro este miércoles en Santa Cruz y anunciar un pronunciamiento a nivel nacional
Los arroceros ratifican que este miércoles 11 de diciembre se acatará un paro departamental en rechazo a la intervención a ingenios que realizó la Fiscalía la anterior semana. Jimmy Prado, presidente de los Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), señaló que igual tendrán un pronunciamiento a nivel nacional condenando las intervenciones.
El viernes 6 de diciembre, la Fiscalía intervino cinco ingenios arroceros, según indicaron, por denuncias de supuesto ocultamiento del grano, por lo que se procedió a requisar este alimento.
Sin embargo, este martes Prado aclaró que por la reacción rápida del sector, la Fiscalía no pudo llevarse “ni un solo gramo”. ”Estamos en vigilia, ya que nos deja en zozobra el pensamiento que tiene el Gobierno hacia las instituciones privadas. No se puede mellar estas instituciones que son el sostén de la población boliviana”, sostuvo.
El dirigente dijo que están prestos al diálogo con las autoridades. Aunque, aseguró que el productor no especula.
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Ante la suspensión temporal para la exportación de aceite, el dirigente soyero, Eliazer Arellano, cuestionó esta política estatal y responsabilizó al Gobierno por esta situación, advirtiendo que no hay el soporte necesario para la producción del grano, insumo clave que requiere la agroindustria para obtener el aceite.
“¿Cómo quiere que haya aceite para los bolivianos si ustedes (las autoridades) no nos apoyan con diésel y con biotecnología? No podemos cosechar nuestra soya”, cuestionó el dirigente, al remarcar que aún hay un 15% de la soya de invierno que no se ha podido cosechar, principalmente por la falta del combustible.
Según el ejecutivo, aún hay un 15% de soya sin cosechar en el Norte Integrado cruceño y las labores están paralizadas debido a la lluvia, donde otra hubiera sido la historia si se hubiera abastecido al sector con diésel de manera oportuna.
El freno a la exportación de aceite fue dictado en días pasados por el Gobierno nacional, que asumió esta medida sin previa consulta con miras a contrarrestar el agio y la especulación en torno a este producto.
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El sector avícola sufre una disminución en la provisión de torta de soya del 15% a nivel nacional. Esta situación se debe a que dos industrias aceiteras están pasando dificultades en cumplir con la entrega asignada desde el Gobierno Nacional porque se vieron sobrepasadas en su capacidad productiva. Las otras están demorando en la entrega hasta 15 días en algunos casos, situación que se origina por la falta del grano, debido al retraso en la cosecha de invierno a causa de la escasez de diésel, señala el comunicado de la Asociación de Avicultores.
La afectación para Cochabamba se agrava aún más, puesto que los 24 días de bloqueo no permitieron a los avicultores aprovisionarse de estos insumos y ahora la situación es crítica, se pone en peligro el abastecimiento oportuno de las granjas con alimento balanceado para las aves.
“El problema de desabastecimiento de diésel, combustible esencial para las cadenas productivas del país, está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población”, alerta.
Los productores cochabambinos tienen camiones varados en Santa Cruz con insumos para sus granjas desde hace 10 días porque no consiguen diésel, sostienen. A esto se suma las dificultades para trasladar alimento a las granjas, pollo de las granjas a los mataderos y pollito bebé desde las incubadoras en Santa Cruz hacia los otros departamentos.
El Gobierno nacional anunció que, una vez suspendido el bloqueo, el abastecimiento de combustible se normalizaría en 10 días, situación que no se ha dado y seguimos esperando por el diésel, por el contrario, este problema se ha agudizado. Hay que entender que la demanda de este carburante desde nuestro sector es permanente, nosotros sembramos y cosechamos todos los días, cuestionan.
A los problemas antes mencionados que están generando serias complicaciones en la cadena productiva, debemos agregar el paro de los carniceros, una medida irracional e inoportuna que está afectando a la población y al sector productivo. Si bien entendemos la situación por la que están pasando al vender menos y por ende tener menos ingresos diarios, también deben comprender que esa situación viene por la pérdida del poder adquisitivo de la población, originada por la crisis económica que atraviesa el país, manifestaron.
“En ese sentido, hacemos un llamado a la cordura a este sector para que a la brevedad posible levante el paro que llevan a cabo. Pretender elevar sus ventas para mejorar sus ingresos exigiendo que el productor baje sus precios y que el Gobierno Nacional prohíba la exportación de carne, es un total despropósito. Primero porque el país necesita divisas hoy más que nunca y segundo porque para nosotros los productores se han incrementado los costos de producción considerablemente”, concluye el comunicado.
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En Santa Cruz, los comerciantes de carnes de pollo y cerdo en los centros de abasto se sumaron al paro indefinido que llevan adelante sus colegas comerciantes de carne de res. En mercados pequeños, algunos comerciantes que no cerraron sus puestos, subieron los precios de sus productos ante la escasez de carne vacuna.
Desde el lunes 18, los vendedores de carne de res cumplen la medida de presión a escala nacional, pero de manera irregular. Mientras un grupo acata las directrices de la Confederación de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol), otros comerciantes decidieron mantenerse al margen de esa medida de presión.
En tanto el Gobierno reiteró su llamado al diálogo y dejó en claro que este tipo de acciones no solucionarán los problemas en el abastecimiento de carne bovina en el país. Desde Contracabol exigen la disminución del precio del kilo gancho de producto que trepó de Bs 23 a Bs 30.
Uno de estos centros de abasto pequeños es el Mercadito 2 de Agosto, ubicado en la zona norte de la capital cruceña, donde los vendedores de carne de pollo y cerdo se encuentran comercializando el producto, por ejemplo, el kilo de carne de pollo está en Bs 14,50 y Bs 15,50. Hace un par de días, el precio de esta misma cantidad de pollo estaba en Bs 12.
En lo que respecta a la carne de cerdo, el kilo de chuleta tiene un costo de Bs 30, mientras que hace unos días la costilla tenía un costo Bs 30 el kilo y Bs 25 el kilo de pierna.
Desde la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) aseguraron que el precio del kilo gancho del cerdo está en Bs 22, que es el mismo costo que se tenía la semana pasada. Descartaron que el mismo se haya incrementado a Bs 28 el kilo gancho.
Por último, recordaron que el precio del cerdo vivo en las granjas de Adepor oscila entre Bs 16 y Bs 17 el kilo.
Puestos cerrados
Ayer en el mercado minorista Abasto el panorama fue de puestos de expendio de estos productos, carne de cerdo y pollo, totalmente cerrados. Varias amas de casa lamentaron la situación porque, en vez de mejorar, la misma se está agudizando. “Es un lujo comer carne hoy en día”, protestó una compradora que se vio sorprendida por la falta total de la proteína.
“Los gobernantes y los dirigentes están jugando con el pueblo, porque no consiguen lo que necesitan”, aseguró otro ciudadano que acompañó a su familia a hacer las compras en el popular centro de abastecimiento, ubicado en la zona oeste de la ciudad.
“Me quedé impactada porque justo tengo invitados y quería prepararles un fricasé. Cada vez estamos peor”, lamentó otra mujer que asistió al Abasto para asegurarse el producto cárnico.
Sin embargo, se conoció que en otros mercados como Los Pozos, Mutualista y Belén existe oferta de carne de res, pero de forma irregular ya que los dirigentes de algunas asociaciones de venta al detalle decidieron no acatar el paro de sus colegas.
Finalmente, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, manifestó que el paro es una medida “innecesaria” y anunció que para hoy convocó a los sectores carniceros a una reunión en Santa Cruz con el objetivo de dialogar los temas relacionados con la exportación, calidad, precio y contrabando de la carne.
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La Asociación de avicultores de pollos parrilleros (Avipar) piden al Gobierno priorizar al sector con la entrega del diésel, pues la falta de este combustible ha causado la muerte de unas 15.000 aves que debían ser comercializadas en el país. El presidente de Avipar, Winston Ortiz advirtió que se no haber combustible habrá escasez de pollos para las fiestas de fin de año.
Como una “catástrofe”, calificó el avicultor Winston Ortiz, la mortandad de pollos que se están registrando en las diferentes granjas de Santa Cruz debido a que no pueden trasladar las aves que se encuentran listas para ser comercializadas por la falta de diésel.
En las granjas, en anteriores días murieron unas 15.000 aves, y se advierte que, solo en una granja unas 17.000 aves más estaría en riesgo al no poder ser trasladadas hasta su destino por la falta de diésel. Entre tanto reportan que el sector está perdiendo unos $us 700 mil al día.
“Necesitamos diésel de manera prioritaria. El sector productivo agropecuario de Santa Cruz está en riesgo; estamos con todo en contra, no hay transporte de insumos, maíz, harinas, las soyas solventes, vitaminas aminoácidos”, explicó Ortiz.
El productor explicó que, con el bloqueo de 24 días, las granjas no pudieron ser recargadas con cerca de 3 millones de pollitos bebés, por lo que advierten que esta situación pueda generar escasez del producto para las fiestas de fin de año, y también un incremento en los precios.
“No va a faltar pollo, pero si habrá escasez porque en ese hueco de 24 días se dejó de cargar 3 millones de pollos en toda Bolivia. Eso significa que evidentemente habrá una subida de precios en esos días”, advirtió el avicultor.
No fueron invitados al diálogo con el Gobierno
El presidente de Avipar lamentó que el Gobierno no haya invitado al sector para estar presente en el diálogo que se realizará este viernes con el sector productivo.
“Manejamos el 40% de la avicultura nacional, casi el 50%, pero sin embargo la Federación tristemente no está siendo invitado y nosotros exigimos al señor presidente que le dé un jalón de orejas al nuevo ministro para que invite a todo el sector productivo, especialmente al avícola”, afirmó el productor.
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Los arroceros del Beni se sumaron al paro de 24 horas que resolvieron los ingenios de arroz de Montero en el departamento de Santa Cruz, en rechazo a la intervención “arbitraria” que ejecutó el Gobierno el pasado viernes en contra de este sector productivo.
“Como productores del Beni que producimos el 65% del arroz que se consume a nivel nacional rechazamos rotundamente estas acciones del gobierno, que nos deja en incertidumbre a los productores de arroz porque nos afecta a una parte esencial de la cadena productiva”, sostuvo el presidente de los productores de grano del Beni, David Pérez.
Asimismo, “mañana (miércoles) vamos a estar con todos los productores para defender nuestro trabajo y defender la propiedad privada”, sostuvo Pérez en una conferencia de prensa conjunta que se realizó en el Parque Industrial de Montero.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Propietarios de Ingenios Arroceros de Montero y el Norte Integrado (Ingenor), Jimmy Prado, saludó la visita de su similar del Beni, destacó que se una los esfuerzos en defensa de la actividad productiva de la que viven miles de familias.
“Estamos uniendo fuerzas, estamos reforzados, ante este atropello que tenemos. Esta reunión (ha sido) productiva, estamos agradecidos con la visita (de Beni). Nosotros seguimos en vigilia y preocupados por lo sucedido el viernes”, afirmó Prado.
Ratificó el paro de 24 horas de este miércoles, aseguro que los ingenios van a dejar de procesar el arroz, porque los productores se sienten afectados por las “arbitrariedades” del gobierno de Luis Arce. El pasado viernes, la Fuerza Especial de Lucha Contra de Crimen, la fiscalía y la policía de manera sorpresiva intervinieron los ingenios arroceros en el municipio de Montero y precintaron varios depósitos, los acusaron de ocultar el producto para generar escasez del arroz.
Ante el hecho se prendieron las alertas, los ingenios arroceros se declararon desde ese momento en vigilia para evitar un nuevo “atropello” a sus derechos, asimismo, señalaron que la comercialización es normal del producto y observaron que las autoridades no identifiquen claramente el punto donde se está generando la especulación o el desvío para el contrabando.
anf
Tras una reunión entre autoridades de Gobierno y representantes de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), se acordó abastecer aceite a precios regulados y mañana evaluarán la suspensión de la prohibición de la exportación del producto.
Asimismo, se comprometieron a garantizar el suministro de aceite requerido al mercado interno a un precio regulado de hasta 11 bolivianos la botella de 900 mililitros y de 10 el litro de granel.
La industria oleaginosa a partir de la fecha se compromete a continuar y garantizar el abastecimiento de aceite al mercado interno en cantidades suficientes para regularizar el abastecimiento y a un precio regulado de hasta 11 bolivianos la botella de 900 ml y 10 el litro a granel, según el acta de acuerdo de provisión de aceite al mercado interno. Después de la reunión realizada ayer, entre la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) y el Viceministerio de Defensa al Usuario y Consumidor, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
También se acordó que los productores presentarán al MDPyEP información adicional de sus compradores, con el objeto de realizar el seguimiento y control a los intermediarios y/o distribuidores de aceite.
Asimismo, los Viceministerios de Políticas de Industrialización, Viceministerio de Comercio y Logística Interna y Viceministerio de Defensa al Usuario y Consumidor, visitarán a las industrias refinadoras de aceite para hacer seguimiento al despacho del aceite y envío del mismo hasta el consumidor final.
Otro punto de los acuerdos, señala que se conforma una mesa técnica para realizar el seguimiento permanente de abastecimiento de subproductos de soya y realizar el análisis y revisión de las condiciones del mercado interno del sector oleaginoso.
Finalmente, acordaron una reunión para mañana de evaluación de abastecimiento al mercado interno y definir para levantar la suspensión temporal de exportación de aceite. Informe Mientras tanto, ayer por la mañana, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó la producción del mismo y cuánto absorbe el mercado interno y los volúmenes que se envían al mercado exterior, pero no mencionó la compra que hace Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la elaboración de biodiésel.
Explicó con cifras en mano, que la producción nacional de aceite de soya cubre la demanda interna y anunció que la exportación del producto se volverá a liberar cuando haya estabilidad en el precio.
Este año 2024, de enero a noviembre, la industria oleaginosa produjo 161.341 toneladas de aceite refinado, de las que 104.889 tn (el 62%) se destinaron a la exportación, expuso la autoridad en conferencia de prensa.
“Tenemos la producción suficiente, por demás de aceite, no hay por qué hubiera subido el precio del producto en los mercados cuando se produce en los volúmenes que las mismas empresas reportan. Esta suspensión de las exportaciones es temporal”, remarcó Flores.
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El veto a la exportación de aceite, la confiscación de alimentos como el arroz y el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 han puesto en emergencia a representantes del empresariado privado, productores, gremiales y transportistas, que emitieron un comunicado en el cual rechazan las medidas gubernamentales porque las mismas atentarían a la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de todos los bolivianos.
“Nos inquietan las acciones que ha tomado arbitrariamente el Gobierno nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención abusiva de los ingenios arroceros. Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en deterioro del sector, la población y de la obtención de dólares”, dice parte del comunicado que fue leído por Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).
El documento agregó que “la represión y las restricciones económicas” no garantizan el abastecimiento de alimentos y, al contrario, “obstaculizan la producción, desaceleran la economía” y ponen en riesgo el acceso a productos básicos.
También hicieron énfasis en que “la prohibición de exportaciones de aceite y la intervención de ingenios arroceros” no reducen los precios de la canasta familiar, sino que generan escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores.
“Las políticas restrictivas han limitado las exportaciones, han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que han aumentado la dependencia de productos importados. Ahora, enfrentamos una escalada de precios debido a la falta de dólares y a un contexto de incertidumbre económica que afecta a productores y consumidores”, dijo Barriga.
Rechazar el proyecto de PGE 2025 “mientras no incluya medidas y soluciones para la crisis económica que vive el país”, garantizar la seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, solucionar el desabastecimiento de diésel, y fomentar políticas que incrementen la oferta de productos y permitan la generación de dólares, son las cuatro acciones concretas que exigen al Gobierno central para enfrentar la crisis económica.
“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, concluye el comunicado.
En el documento se hace notar que una de las principales demandas del sector productivo para poder llevar adelante sus actividades es que las autoridades gubernamentales garanticen el abastecimiento de diésel, principal insumo para el agro y la logística de transporte del producto ya industrializado.
El viceministro Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que para hoy se tiene prevista una reunión con los representes del sector productivo para abordar el veto a la exportación de aceite comestible.
“Esperamos que hasta el martes (hoy) se pueda tener esta reunión para, primero, atender la preocupación que tiene el sector de levantar la restricción (a la exportación de aceite), pero previo cumplimiento de garantizar el abastecimiento de este y otros productos en el mercado nacional”, dijo el viceministro.
Arroceros van al paro
Para mañana los propietarios de ingenios arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz anunciaron que acatarán un paro de 24 horas en protesta por la intervención del Gobierno a cinco instalaciones la pasada semana con el argumento de que se estaba “ocultando” arroz.
“Los ingenios arroceros estamos siendo muy atacados en este momento, queremos aclarar a la población que el arroz se sigue procesando con normalidad. Solo el día miércoles vamos a parar”, dijo Jairo Carballo, secretario de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor).
Por su parte, Sonia Rocha, secretaria de Hacienda de Ingenor, dijo en una entrevista que son como 30 ingenios, de 140, que tienen arroz en stock y, en su caso, el grano que tiene en su ingenio solo alcanza para una semana.
“Ahora el productor se encuentra con mucho temor de procesar su grano, que aún tiene, porque estamos al final de producir ya la cosecha 2024, para iniciar la cosecha 2025. Tenemos una incertidumbre, intranquilidad, de no saber qué va a pasar con este sector, porque se entró (la Fiscalía) a nuestro sector de manera arbitraria, como dueños, y puede ser el día de mañana a otros sectores”, manifestó Rocha.
La dirigente explicó que las autoridades que realizaron el operativo el viernes encontraron arroz en chala (sin pelar) y en grano, pero se trata de acopio como lo hace la misma Emapa. “El arroz se conserva mejor si está en chala y al procesarlo tiene un lapso de un mes (para comercializarlo) y luego se puede entrar el gorgojo. Se pela y se tiene que sacar al mercado y de eso ya no nos encargamos nosotros”.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), por medio de un comunicado, rechazó también las medidas adoptadas por el Gobierno, como la exportación de aceite, porque la consideran “profundamente perjudicial” para la economía nacional y el sector productivo.
“En lugar de atacar a los verdaderos responsables de los problemas del sector, ataca a la empresa formal y a los actores productivos que cumplen con todas las normativas y regulaciones, generando valor económico y empleo en el país. Los intermediarios y contrabandistas, quienes son los verdaderos causantes de la distorsión del mercado, no se ven afectados por esta medida”.
En ese sentido, la Fepsc indicó que este tipo de políticas favorece el accionar ilegal de estos grupos, fomentando prácticas delictivas, como el contrabando y el desvío de productos fuera de los canales formales, lo que termina afectando aún más la economía y la legalidad en los negocios.
“Además, esta decisión pone en peligro el ingreso de divisas, que resultan cruciales para la estabilidad macroeconómica de Bolivia”, agregó la entidad.
Al mismo tiempo, puntualizó que el bloqueo a las exportaciones del aceite desincentiva la inversión privada, un factor esencial para el crecimiento de nuestra industria. “Esta medida crea un clima de incertidumbre y desconfianza entre los inversores. Esta situación amenaza la continuidad de proyectos empresariales y, por ende, la creación de empleo formal”.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno “para que reconsidere esta medida”, que no solo pone en riesgo la estabilidad económica y social, sino que también perjudica gravemente a los sectores productivos, al empleo formal y a la legalidad en los negocios.
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A cuatro días para que concluya la segunda actualización de población bovina en el departamento de Santa Cruz, apenas un 25 por ciento de los productores ganaderos de Concepción cumplieron con esta obligación.
Finalizada la campaña, el 14 de diciembre, los que no hayan actualizado su hato, serán bloqueados y no podrán realizar ningún movimiento de ganado, afirmó, Juan Gabriel Castillo, representante del Senasag en Concepción.
“Los perjudicados serán ellos mismos. No entiendo, cual es el motivo para esta baja respuesta de los productores. Esta campaña es muy importante porque en base a estos resultados se contabiliza la población de ganado en el departamento y se programan las campañas de sanidad animal”, explicó.
Lo único que deben hacer los productores es acudir a la Asociación de Ganaderos de su jurisdicción y llenar un formulario con información detallada de su ganado, por grupo etario. Incluso, se está utilizando la banca móvil para facilitar el registro.
En este sentido, Castillo hizo un llamado a los productores no esperar el último día para registrar su ganado y arriesgarse con una posible sanción. “Estamos atendiendo hasta las ocho de la noche todos los días”, agregó.
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Los incendios de este año dejaron 2,6 millones de hectáreas con cicatrices de incendio en los territorios indígenas más afectados, lo que representa el 20,6 % de 13 millones de hectáreas reconocidas como propiedad colectiva de los pueblos indígenas en tierras bajas del país. Monte Verde, Guarayos y Pantanal fueron los territorios más impactados porque, en cada caso, perdieron más de la mitad de su bosque.
Las pérdidas de masa boscosa significan un impacto directo al modo de vida de los pueblos indígenas porque se reducen sus posibilidades de obtener alimentos a través de la caza y disminuyen los ingresos familiares y comunales a través de la explotación de sus planes de manejo (madera).
La información se desprende del Informe: Focos de calor y cicatrices de incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia, correspondiente a la gestión 2024, elaborado por el CEJIS a través de su Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA).
Los incendios de este año superaron en cantidad de superficie afectada a los siniestros ocurridos en 2010 y 2019, cuando se registraron cifras extraordinarias. Fundación TIERRA identificó, hasta septiembre de este año, 10,1 millones de hectáreas con impacto del fuego en el país.
Los datos recogidos por el CEJIS-CPTA corresponden al periodo enero a octubre de 2024. En este lapso quedaron cicatrices de incendio en 2.684.000 hectáreas, considerando los ocho territorios indígenas más impactados por cicatrices de incendios. Esto equivale al 20,6 % de los 13 millones de territorios indígenas de tierras bajas reconocidos en Bolivia.
Pero no todos fueron afectados por igual. En la Chiquitanía en el departamento de Santa Cruz hubo más impacto. El territorio de Monte Verde quedó afectado por el fuego en 807.243 hectáreas, lo que equivale al 85 % de su superficie titulada. En el territorio del Pueblo Guarayo fueron quemadas 966.893 hectáreas, correspondiente al 72 % de su superficie titulada. El territorio indígena Pantanal quedó con cicatrices de incendio en el 63 % (455.560 hectáreas) de su área. A esto se suma la situación del territorio Ayoreo de Zapocó que tuvo una afectación de 19.114 hectáreas, que significa el 44 % de su superficie.
Los mapas elaborados por el CEJIS-CPTA muestran que los incendios ocurridos rodearon o colindaron varios territorios indígenas, y en mucha menor medida ocurrieron en su interior. En la región del norte amazónico, el territorio que registró mayor cantidad de áreas de incendio fue Chácobo-Pacahuara, con 228.348 hectáreas, equivalentes al 47 % de su superficie. El Territorio Cavineño se vio afectado en 161.661 hectáreas, equivalentes al 34,5 % de la superficie titulada. La TCO akana Cavineño registró una extensión de 22.219 hectáreas con fuego, es decir el 8 % de la superficie del territorio. Finalmente, la región de la amazonía sur no registra superficies significativas de incendio.
Los bosques
Considerando el tipo de cobertura de suelos, los territorios indígenas fueron impactados principalmente en sus bosques y en mucha menor medida en sus áreas de pampa, sábana o zonas inundables, al igual que los espacios con viviendas y/o con cultivos permanentes.
Para poner dos ejemplos, en la TCO Guarayos, el 95 % de los incendios impactó la cobertura boscosa del territorio, mientras que el 5 % se registró en zonas de pampas, sabanas y áreas inundables en épocas húmedas (4,4 %) y zonas antrópicas (0,6 %); en Monte Verde, el 97 % de cicatriz de incendio está en zona de bosque y 2,8 % en no bosque (pampas y antrópico).
Frente a esta situación, para el CEJIS “es necesario abrir un debate nacional que permita la derogación del ‘paquete de normas incendiarias’ y una revisión profunda del modelo de desarrollo agropecuario, priorizando prácticas productivas que garanticen la seguridad y soberanía alimentarias”.
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Jorge Mataix, científico español y profesor especializado en la ciencia del suelo, junto al CIAT y la Fundación de Conservación de Bosque Chiquitano iniciaron la recolección de muestras de suelos en el municipio de Concepción, específicamente en el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista, que fue afectado fuertemente por los incendios en 2019 y el presente año.
Mataix indicó que estas muestras serán analizadas en los laboratorios del CIAT y dentro de tres meses él junto a otros científicos internacionales harán una interpretación de las mismas.
"Hemos visto zonas con una severidad muy alta de incendios donde se ha consumido materia orgánica, después de un diagnóstico daremos las recomendaciones", dijo. Por su parte el director ejecutivo del CIAT, que acompaña este recorrido por la Chiquitania, resaltó que la jornada fue muy productiva.
"Muy contentos porque hemos logrado nuestro objetivo de recuperación una importante cantidad de muestras y sobre todo de mano de un experto", acotó.
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La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, a la cabeza de Justino Apaza, denunció que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) realizar una venta discriminatoria de arroz en los barrios porque sólo unos cuantos son beneficiados; por otro lado, los gremiales reportaron que el precio de aceite en galón se disparó de 55BS a 90Bs.
“Así se entiende, (Emapa realiza una venta discriminatoria de arroz) porque sólo llega a lugares céntricos, pero más necesitan en las zonas más alejadas de nuestra ciudad de La Paz (…). (En los mercados tradicionales) venden al precio de dólar paralelo; nuestro país está yendo de mal en peor, queremos nuevos gobernantes. Hay discriminación, totalmente”, declaró Apaza.
Reportó que el quintal de arroz subió de Bs 270 hasta Bs 800 por el flujo de dólar paralelo que está hasta en 12Bs. Emapa suspendió la venta de arroz en sus sucursales desde el 18 de noviembre y decidió habilitar carros para ir directamente a los barrios, bajo el argumento de evitar que revendedores adquieran el producto para su beneficio propio.
Una de las molestias de la población es que Emapa no tiene un cronograma para la venta de arroz en las zonas del país. Inicialmente, la empresa se comprometió a anunciar anticipadamente la llegada de los carros a lugares específicos, incluso prometió coordinar con las juntas vecinales, pero en los hechos no se cumplió.
De acuerdo al historial de publicaciones que realiza Emapa en su cuenta de Facebook, los carros llegan sorpresivamente a lugares específicos, porque publican imágenes ya vendiendo los productos. No existe un cronograma de venta programada en los diferentes barrios del país.
Apaza recordó que enviaron diferentes notas para coordinar la venta de arroz, por lo menos en el municipio de La Paz, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Por otro lado, la secretaria general de Confederación de Gremiales, Lilian Yucra, reportó que el precio de aceite en galón se disparó de Bs 55 a Bs 90, en menos de una semana.
“Supuestamente, no hay el producto, sabemos que llega de Santa Cruz. Lamentablemente, (es por) la subida del dólar y a la inexistencia del diésel (…). Tú podías comprar un galón de aceite con 55 bolivianos, ahora estás comprando incluso con 90Bs. Hay aceites argentinos que le estaba haciendo la pulseta al aceite boliviano; también estaba con 50, hasta eso ha subido”, reportó Yucra.
Más o menos a inicios del mes de noviembre, el preventista oficial de la empresa Aliconsumo S.A. informó a sus clientes en Oruro que producto de la escasez de materia prima como la soya y el girasol iba a existir una disminución en la producción de aceites, por lo tanto, en la distribución del suministro.
Según reporte de medios de comunicación, la subida del precio del aceite generó malestar y preocupación en las amas de casa de los diferentes departamentos, porque es uno de los productos que se utiliza a diario.
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