Clara Masay líder indígena chiquitana ve una crisis alimentaria al extremo de una “hambruna” por la pérdida de sus cultivos
Clara Masay, es una líder indígena chiquitana, rompe en llanto por la crítica situación y el peligro al que enfrentan las comunidades indígenas afectadas por los incendios, más aún si vislumbra una crisis alimentaria al extremo de una “hambruna” debido a la pérdida de sus cultivos.
“Es triste la realidad de nuestras comunidades, no hay trabajo, no hay gasolina ni diésel, (esto) afecta muchísimo. No saben cuánta familia está sufriendo en este momento. Es devastador todo lo que está pasando”, cuenta a la ANF entre un suspiro profundo de tristeza y llanto.
Clara Masay llegó a La Paz desde San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, de donde es oriunda, además es secretaria de Tierra y Territorio de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia.
“Hemos sufrido un verdadero desastre los últimos meses”, comenta en relación a los casi cinco meses de incendios en Beni, Pando, pero particularmente Santa Cruz y su región de la Chiquitanía. “Algo más de 6 millones de hectáreas se han quemado en nuestros territorios”, reclama sin que nadie se haga responsable.
El fuego que por muchos momentos fue incontrolable, arrasó con los bosques, con los cultivos y los chacos de los comunarios, en muchos casos también acabó con las viviendas. Hubo comunidades que fueron evacuadas porque habían sido superadas por los incendios.
Masay asegura que ese desastre ha dejado secuelas que ahora y en el futuro seguirán impactando a las familias y a los territorios. “La hambruna se nos viene”, exclamó preocupada por cómo van a tener que enfrentar un extremo de esta naturaleza.
Insiste, "así es una hambruna”, una situación extrema de inseguridad alimentaria, explica que la consecuencia de la sequía y los incendios es la falta de producción, porque sus medios de vida se quemaron, no hay agua, además se suma los problemas del cambio climático.
Cuestionó la impunidad con la que operan quienes prenden fuego en los bosques, recordó que desde 2019, cada año, sufren incendios con 4.000, 5.000 hectáreas quemadas, pero que este 2024 para ellos “fue fatal, desastroso, fue un asesinato a nuestra biodiversidad, a la fauna, a la flora y a los bosques en nuestros territorios”.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esta gestión se quemó 9,8 millones de hectáreas, un reporte hasta el 8 de octubre; Fundación Tierra estableció 10,1 millones, su informe fue presentado el 7 de octubre. Sin embargo, después de estas fechas continuaron las quemas.
Clara Masay sostuvo que una de las consecuencias de este desastre es la migración principalmente de los varones que están saliendo a las ciudades para buscar trabajo y generar recursos económicos para mantener a sus familias.
“No hay alimentos, se quemó los chacos, se quemaron las semillas, por ejemplo, las ramas de yuca que guardábamos, se secaron porque además no hay agua. Los plátanos se quemaron y lo que quedó de las plantas los animalitos chupaban para absorber agua y poder sobrevivir”, relata.
“Desde ya los hermanos indígenas están buscando trabajo, están saliendo de los territorios para ir a las ciudades también para trabajar con los empresarios y eso nos afecta”, añade Clara Masay, afectada por lo que todavía les toca vivir.
Exigen que el Gobierno atienda sus necesidades tras el desastre ambiental
La líder indígena llegó a La Paz para presentar conjuntamente la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) y el territorio Jach'a Suyu Pakajaqi (tierras altas) los resultados de la Consulta Popular Nacional por la Vida, que se realizó entre el 7 y 16 de octubre de este año La iniciativa de muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones indígenas movilizó a 32.375 personas en los nueve departamentos de Bolivia, con una participación del 63% de mujeres lideresas que fueron parte de este proceso consultivo.
“Este proceso ciudadano nació como respuesta a los incendios, la deforestación y el ecocidio que han arrasado el país. Queremos mostrar lo que la población está pensando de esta situación porque se han quemado más de 10 millones de hectáreas”, dijo Andrea Vargas, técnica de la PBFC, institución que es parte del grupo que impulsó la consulta popular.
Los resultados de este mecanismo consultivo - realizado de manera virtual y por votos en ánforas y votos en asambleas- evidencian un fuerte mandato de la población boliviana para frenar la devastación ambiental y garantizar el respeto a los derechos de la Madre Tierra y de las comunidades indígenas.
“Vamos a convocar a una marcha nacional porque los resultados de esta consulta son exigir que se abrogen las leyes incendiarias, que se reviertan las tierras quemadas como áreas que no se deben ocupar en al menos 15 años”, señaló Guadalupe Sermenio, representante del MAB.
La consulta sobre este punto tiene un 85% de apoyo. Los participantes exigen que estas tierras, especialmente en propiedades medianas y empresariales que incumplen la Función Económica Social (FES), sean declaradas tierras fiscales no disponibles hasta su recuperación.
Entre los puntos clave de la consulta popular se destaca que el 94% de los votantes exige la abrogación de leyes y decretos que facilitan los incendios y la deforestación en Bolivia. Los ciudadanos también han manifestado la necesidad de implementar una "pausa ecológica" que asegure la restauración de las áreas afectadas por quemas ilegales, con el mismo 94% de respaldo.
Varias organizaciones de la sociedad civil a finales del mes de septiembre lanzaron la iniciativa para interpelar la indolencia del Gobierno, de la Asamblea legislativa Plurinacional y la justicia, para con los resultados exigir respuestas concretas a las demandas.
Es así que exigen un 10% en el Presupuesto General de la Nacional para el medioambiente, exigen atención con políticas de enfoque agroforestal, agroecológico y ecoturismo como formas viables, que se garantice el derecho de los municipios de declararse libres de minería.
Masay señaló al Gobierno como el principal responsable del desastre ambiental y social que se vive en la región chiquitana. “Exigimos al gobierno velar por los pueblos indígenas. El responsable es el gobierno él tiene que escucharnos, ellos tienen en sus manos”, afirmó.
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