El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, cierra su gestión gubernamental permitiendo y autorizando los incendios forestales en Bolivia, debido a que hasta la fecha no se hizo nada efectivo para abrogar la denominadas “leyes incendiarias” y tampoco el Tribunal Agroambiental, a pesar de que existe una acción popular interpuesta específicamente sobre el asunto, tomó acciones concretas al respecto, al contrario, difirió su tratamiento.
Existen 4.160 focos de calor registrados hasta finales de julio, concentrándose el 98% en el oriente del país, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
Esta situación ha llevado a las mismas autoridades gubernamentales, como el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, a advertir que el país podría estar entrando en una fase crítica de riesgo de incendios forestales.
Los planes como el “Lucho contra el Fuego”, no han dado resultado y a pesar del contexto crítico, no han existido hasta la fecha acciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para derogar las denominadas “leyes incendiarias”, cuyo tratamiento fue postergado repetitivamente.
No hubo una intervención efectiva comprobada del Tribunal Agroambiental para frenar los incendios mediante recursos jurídicos, lo cuales fueron diferidos en su tratamiento, lo que ha generado preocupación en sectores sociales y ambientales por la falta de medidas legales contundentes que frenen las quemas.
El 90% de los incendios son provocados por acción humana, avasalladores e interculturales, afines al partido de gobierno hace 20 años.
Las prácticas conocidas como chaqueo, en condiciones de sequía y falta de control se desbordan en incendios masivos. Esta realidad requiere coordinación regional e interinstitucional que aún enfrenta obstáculos, según reportes de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre la falta de articulación entre las instituciones responsables para la prevención y atención de incendios forestales.
EN CAMINO A REPETIR EL DESASTRE
Bolivia vivió en 2024 la peor temporada de incendios forestales de su historia, con una devastación sin precedentes que afectó más de 10 millones de hectáreas, equivalentes a aproximadamente el 11.5% del territorio nacional. Según reportes oficiales y organizaciones especializadas, el fuego arrasó principalmente en el oriente del país, concentrándose en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Santa Cruz fue el más afectado, con una superficie quemada que superó los 6.9 millones de hectáreas, representando cerca del 68% del total nacional, mientras que Beni sufrió la pérdida de alrededor de 2.9 millones de hectáreas, cerca del 29%.
El daño incluyó cerca del 58% de bosques y el resto en tierras no boscosas como pastizales; situación que provocó una crisis ambiental profunda, con zonas como la Amazonia boliviana y la región de la Chiquitania experimentando destrucción masiva, evacuaciones y severas afectaciones a ecosistemas, biodiversidad, comunidades indígenas y la salud pública.
Los expertos estiman que la recuperación de los bosques primarios afectados podría tardar entre 50 a 100 años, dada la gravedad de las pérdidas.
La crisis dejó impactos socioeconómicos y culturales de largo alcance, afectando la seguridad alimentaria y modos de vida tradicionales en las comunidades rurales y pueblos indígenas.
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