Bolivia continúa siendo el núcleo comercial del mercurio

Un informe sobre la minería ilegal del oro en seis países amazónicos indica que Bolivia es el “hub de comercialización de mercurio en la región”, debido a que es el principal importador de esa sustancia, que luego sale de contrabando a países vecinos.

El reporte, que fue elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil de los países involucrados, señala que entre 2016 y 2023, Bolivia ha importado 1.251 toneladas de mercurio.

“Se importa legalmente el mercurio para ser exportado ilegalmente a los países vecinos que sí han establecido controles a su importación”, seña el reporte que, para el caso de Bolivia, fue elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Un hub es una especie de centro internacional de acopio para su distribución a través de redes establecidas para el efecto.

El reporte titulado “Minería Ilegal de Oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía. Seis países reportan” fue presentado en Cali, en el marco de la COP 16 sobre biodiversidad sobre la situación en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El mercurio es una sustancia que se utiliza para separar el oro, pero que contamina los ríos y los peces donde se producen las operaciones mineras. Luego, los habitantes que viven en la zona, mayormente indígenas, consumen esos peces e ingieren la sustancia causando daños a la salud, según estudios realizados por diversas instituciones.

En 2023, el Cedib, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y la unidad de Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena publicaron resultados de muestras realizadas entre 2021 y 2022 en las cuencas de los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré en la Amazonía boliviana.

Se recolectaron un total de 865 muestras de cabello humano en diferentes cuencas de los ríos Beni (435), Madre de Dios (377) y Mamoré (53). Los resultados dan cuenta de niveles promedio de mercurio entre 10 y 20 ppm (partes por millón), y en algunos casos incluso superan las 20 ppm llegando hasta las 30 ppm.

En Bolivia existen estudios que identifican en las principales cuencas amazónicas niveles de mercurio en cabello que superan por mucho el límite de 1 ppm.

El estudio, que cita a un informe de la Defensoría del Pueblo, indica que existe preocupación por los pueblos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el leco, esse ejja, tsimane y cavineño, a lo largo de los ríos Beni y Madre de Dios.

La preocupación se debe a que los pueblos “presentan desfavorables tendencias demográficas y riesgo en su crecimiento poblacional; que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad; y son las potenciales a sufrir envenenamiento con mercurio y/o metilmer­curio”. Incluso, indica que los ese ejja corren “el riesgo de extinción física y cultural debido a las evidencias de contaminación por mercurio en su población”.

Las principales conclusiones del informe sobre minería ilegal son:

-La minería ilegal del oro posee un impacto devastador para la biodiversidad y los derechos humanos en la Amazonía.

-La falta de fiscalización ambiental, la corrupción y la impunidad favorecen la minería ilegal.

-Es imprescindible generar mecanismos más eficaces de regulación, transparencia y control social sobre el comercio del mercurio, insumo esencial para la minería ilegal.

-Con excepción de Venezuela, todos los países examinados en este informe han ratificado el Convenio de Minamata. Sin embargo, en todos se evidencia una expansión vertiginosa de la contaminación por el mercurio y la ausencia de salvaguardias socioambientales adecuadas para enfrentar este fenómeno.

-La minería ilegal ha traído consigo un aumento de la violencia en contra de pueblos indígenas, defensores del ambiente y el territorio y periodistas que denuncian dicho fenómeno.

-Varios líderes indígenas han sido perseguidos y asesinados en la Amazonía.

-La degradación del bioma amazónico provocada por la minería ilegal compromete el cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que buscan asegurar la conservación, el uso sostenible de la diversidad biológica y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

-Hay graves vacíos de información sobre contaminación ambiental, bioacumulación de mercurio y afectaciones a derechos sociales y culturales en la Amazonía.

-A diferencia de otros minerales, el oro posee valor monetario y una liquidez que es fácilmente convertido en activo financiero. Por tales características, el oro ilegal se ha vuelto una de las principales alternativas para el blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas, como la tala ilegal y el narcotráfico.

En ese marco, el informe recomienda a los países examinados:

-Implementar medidas efectivas para prevenir la minería ilegal.

-Iniciar las investigaciones con la debida diligencia, para juzgar y sancionar a los responsables por daños socioambientales derivados de la minería ilegal.

-Reforzar la cooperación transnacional para la protección de la Amazonía.

-Fortalecer las capacidades institucionales de las agencias de protección ambiental y mejorar la presencia del Estado en las zonas de difícil acceso.

-Desarrollar y promover políticas de conser­vación ambiental que incluyan mecanismos de participación efectiva de las comunidades indígenas en la toma de decisiones y la gestión de sus territorios.

-Priorizar la demarcación y titulación colectiva de los territorios indígenas expuestos a la minería ilegal, y brindar apoyo a la vigilancia y conser­vación ejercidas por las propias comunidades sobre sus tierras y recursos naturales.

-Fortalecer la cooperación transfronteriza, a través de estrategias integrales que aborden los aspectos económicos, sociales y ambienta­les de la minería ilegal del oro.

-Implementar un sistema regional que permita identificar las rutas de tráfico ilícito y los puntos de ingreso del químico a las actividades mineras y aplicar un enfoque basado en los derechos humanos en las leyes, reglamentos, políticas y acciones que rigen la importación, venta, uso, el vertido y desecho de mercurio.

 

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