El Territorio Indígena Multiétnico II, en el marco de la Acción Ambiental Preventiva Directa (AAPD) presentada ante el Juzgado Agroambiental en El Sena (Pando), adjuntó 14 pruebas documentales y seis testificales que demuestran que la minería ilegal en el río Madre de Dios abarca el 90% de las operaciones, sobre todo por actores vinculados con la Cooperativa de la Asociación de Balseros (Asobal).
“Los informes resultado del proceso de Monitoreo Territorial Indígena dan cuenta de que en las entradas a campo realizadas en los años 2021, 2024 y 2025 se registraron porcentajes significativamente mayores de operación en áreas no permitidas, donde solo el 10% de las balsas que operan en el río Madre de Dios se encuentran en zonas autorizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”, señala la acción legal a la que accedió ANA.
Se identificó el desvío de cauces, el vertido de combustibles y la expansión no controlada de la minería ilegal a lo largo de 184 kilómetros del río Madre de Dios.
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