La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, dio a conocer que la empresa rusa Uranium One Group (UOG) Sucursal Bolivia, con la que el Gobierno firmó un contrato y preacuerdo para explotación de litio, está facultada para desplegar labores de seguridad y defensa del Estado ruso en territorio boliviano, hecho que atenta contra la soberanía nacional.
“El Gobierno ha permitido la legalización de esta empresa que se dedica a temas de seguridad y defensa del Estado ruso, con la atribución de supuestamente organizar actividades para la lucha contra amenazas de terrorismo nuclear”, puntualizó la parlamentaria.
Según el Testimonio Notarial de Apertura de Uranium One Group Sucursal Bolivia, esta compañía tiene como objetivo la actividad nuclear. Este documento fue oficializado el 6 de julio del 2024 por la Dirección del Notario Plurinacional (Dirnoplu).
“En el marco de sus competencias, la sucursal puede organizar actividades para lucha contra amenaza del terrorismo nuclear y el tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas, así como contra la difusión ilícita de tecnologías nucleares; seguridad y protección física de las instalaciones nucleares y con peligro radioactivo, materiales nucleares y sustancias radiactivas (incluso durante su transporte), instalaciones nucleares y depósitos de materiales nucleares y sustancias radiactivas, y depósitos de residuos radiactivos”, se lee en parte del folio.
Al respecto, Román cuestionó que, en la recta final de la actual gestión de gobierno, se intente aprobar un contrato para la explotación del litio con una empresa que está facultada para realizar actividades de defensa y seguridad para Rusia.
“El ‘masismo’ habla de soberanía, habiendo así, por ejemplo, expulsado a la DEA, pero mediante este contrato se está dando viabilidad a traer bases rusas militares a nuestro país”, enfatizó.
La diputada también detalló que Uranium One Group no se dedica a la extracción de litio y que su objeto es el mismo de su matriz Rosatom, que realiza actividades nucleares.
Desde el lunes, en instancias de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados se busca llevar adelante una sesión para tratar la aprobación del contrato de explotación de litio con la empresa Uranium One Group, esto ante el rechazo de parlamentarios opositores que se niegan aceptar este convenio.
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