La crisis de combustibles en Bolivia se profundiza. En Cochabamba, transportistas pasan la noche en los surtidores; en Guarayos, denuncian a militares por favorecer a terceros; y en el norte paceño, videos muestran cómo cisternas terminan en el mercado negro de Mapiri y Guanay. La escasez no cede y la incertidumbre crece.
Las filas de vehículos pesados en el surtidor Calacala, en la avenida Simón López de Cochabamba, se extienden por cuadras enteras. Son camiones que llegan de madrugada y cuyos choferes deben pasar la noche en sus cabinas para asegurarse un lugar en la cola.
“Desde las 11 de la noche estoy aquí. Todavía me faltan unas dos horas para cargar”, contó un transportista, envuelto en frazadas por el frío de la madrugada, tras se consultado por un medio televisivo.
El cálculo es claro: ocho a diez horas de espera para abastecerse. La escena se repite hace meses y no muestra señales de mejora.
En el oriente, la tensión escala en la provincia Guarayos. En el surtidor El Bibosi, los reclamos apuntan contra los propios encargados del control. Vecinos y transportistas denunciaron que un sargento militar favorece a vehículos que no cumplen con la normativa del sistema B-SISA.
“Nosotros dormimos en la cola y él mete a otras movilidades. Ni siquiera revisa las tarjetas”, denunció un representante del control social de la comunidad San Martín, en un video que circula en redes sociales. El malestar es evidente: los pobladores sienten que, en lugar de ordenar, los uniformados han convertido el control en un nuevo foco de conflicto.
Pero la situación más grave se vive en el norte de La Paz. En redes sociales circularon videos que exponen el desvío de cisternas hacia el mercado negro en localidades como Mapiri y Guanay.
En las imágenes se observa cómo una dirigente, identificada por los pobladores, presuntamente permite la salida irregular de un camión cargado de combustible. La denuncia fue realizada por una funcionaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien aseguró que los contrabandistas incluso la cercaron y le impidieron intervenir.
“No había ni policía ni militares en Mapiri. Yo estaba sola, y aun así quisieron agredirme”, dijo la funcionaria. En esas regiones, el precio oficial del diésel es una rareza. Los usuarios denuncian que el carburante termina en manos de redes que lo revenden a costos muy por encima del establecido. La escasez en surtidores se convierte, así, en una oportunidad para el mercado ilegal.
Dirigentes del transporte pesado y choferes del servicio urbano denunciaron que la situación es “caótica” y responsabilizaron al Gobierno por no cumplir los compromisos asumidos en materia de importación de carburantes.
“Hay escasez de diésel y de gasolina, y es peor que antes. La importación apenas ha sido del 20%. El año pasado se comprometieron a importar hasta un 80% y nunca cumplieron”, señaló un representante del transporte pesado. Según el sector, la falta de previsión deriva en filas interminables en surtidores de todo el país.
Análisis
Para el especialista Raúl Velázquez, la situación heredada por el próximo gobierno es compleja y requiere soluciones inmediatas.
“El problema del combustible va a continuar, incluso después de la asunción de un nuevo gobierno, mientras no se solucionen los problemas estructurales que lo causan”, señaló Velázquez.
El experto advirtió que las dificultades no solo se derivan de la logística de importación o de producción, sino de factores económicos y políticos más profundos.
Entre los problemas que identificó, Velázquez mencionó la política de subsidios vigente, que desincentiva la inversión privada en la importación de combustibles. “Tener una YPFB que compite con precios subsidiados hace inviable el negocio para cualquier empresario. Es necesario un ajuste en la política de subvención”, explicó.
En días pasados, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró en conferencia de prensa que la estatal mantiene un despacho continuo al 100%, tanto de gasolina como de diésel.
No obstante, admitió que las dificultades no provienen de la distribución de la empresa, sino de la reventa interna y del acopio excesivo por parte de algunos usuarios, quienes almacenan grandes cantidades de diésel, en algunos casos entre 2.000 y 3.000 litros, para camiones y otras actividades productivas. Este comportamiento, dijo, complica el control y la distribución equitativa del combustible.
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