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Clara Masay, es una líder indígena chiquitana, rompe en llanto por la crítica situación y el peligro al que enfrentan las comunidades indígenas afectadas por los incendios, más aún si vislumbra una crisis alimentaria al extremo de una “hambruna” debido a la pérdida de sus cultivos.
“Es triste la realidad de nuestras comunidades, no hay trabajo, no hay gasolina ni diésel, (esto) afecta muchísimo. No saben cuánta familia está sufriendo en este momento. Es devastador todo lo que está pasando”, cuenta a la ANF entre un suspiro profundo de tristeza y llanto.
Clara Masay llegó a La Paz desde San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, de donde es oriunda, además es secretaria de Tierra y Territorio de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia.
“Hemos sufrido un verdadero desastre los últimos meses”, comenta en relación a los casi cinco meses de incendios en Beni, Pando, pero particularmente Santa Cruz y su región de la Chiquitanía. “Algo más de 6 millones de hectáreas se han quemado en nuestros territorios”, reclama sin que nadie se haga responsable.
El fuego que por muchos momentos fue incontrolable, arrasó con los bosques, con los cultivos y los chacos de los comunarios, en muchos casos también acabó con las viviendas. Hubo comunidades que fueron evacuadas porque habían sido superadas por los incendios.
Masay asegura que ese desastre ha dejado secuelas que ahora y en el futuro seguirán impactando a las familias y a los territorios. “La hambruna se nos viene”, exclamó preocupada por cómo van a tener que enfrentar un extremo de esta naturaleza.
Insiste, "así es una hambruna”, una situación extrema de inseguridad alimentaria, explica que la consecuencia de la sequía y los incendios es la falta de producción, porque sus medios de vida se quemaron, no hay agua, además se suma los problemas del cambio climático.
Cuestionó la impunidad con la que operan quienes prenden fuego en los bosques, recordó que desde 2019, cada año, sufren incendios con 4.000, 5.000 hectáreas quemadas, pero que este 2024 para ellos “fue fatal, desastroso, fue un asesinato a nuestra biodiversidad, a la fauna, a la flora y a los bosques en nuestros territorios”.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esta gestión se quemó 9,8 millones de hectáreas, un reporte hasta el 8 de octubre; Fundación Tierra estableció 10,1 millones, su informe fue presentado el 7 de octubre. Sin embargo, después de estas fechas continuaron las quemas.
Clara Masay sostuvo que una de las consecuencias de este desastre es la migración principalmente de los varones que están saliendo a las ciudades para buscar trabajo y generar recursos económicos para mantener a sus familias.
“No hay alimentos, se quemó los chacos, se quemaron las semillas, por ejemplo, las ramas de yuca que guardábamos, se secaron porque además no hay agua. Los plátanos se quemaron y lo que quedó de las plantas los animalitos chupaban para absorber agua y poder sobrevivir”, relata.
“Desde ya los hermanos indígenas están buscando trabajo, están saliendo de los territorios para ir a las ciudades también para trabajar con los empresarios y eso nos afecta”, añade Clara Masay, afectada por lo que todavía les toca vivir.
Exigen que el Gobierno atienda sus necesidades tras el desastre ambiental
La líder indígena llegó a La Paz para presentar conjuntamente la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) y el territorio Jach'a Suyu Pakajaqi (tierras altas) los resultados de la Consulta Popular Nacional por la Vida, que se realizó entre el 7 y 16 de octubre de este año La iniciativa de muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones indígenas movilizó a 32.375 personas en los nueve departamentos de Bolivia, con una participación del 63% de mujeres lideresas que fueron parte de este proceso consultivo.
“Este proceso ciudadano nació como respuesta a los incendios, la deforestación y el ecocidio que han arrasado el país. Queremos mostrar lo que la población está pensando de esta situación porque se han quemado más de 10 millones de hectáreas”, dijo Andrea Vargas, técnica de la PBFC, institución que es parte del grupo que impulsó la consulta popular.
Los resultados de este mecanismo consultivo - realizado de manera virtual y por votos en ánforas y votos en asambleas- evidencian un fuerte mandato de la población boliviana para frenar la devastación ambiental y garantizar el respeto a los derechos de la Madre Tierra y de las comunidades indígenas.
“Vamos a convocar a una marcha nacional porque los resultados de esta consulta son exigir que se abrogen las leyes incendiarias, que se reviertan las tierras quemadas como áreas que no se deben ocupar en al menos 15 años”, señaló Guadalupe Sermenio, representante del MAB.
La consulta sobre este punto tiene un 85% de apoyo. Los participantes exigen que estas tierras, especialmente en propiedades medianas y empresariales que incumplen la Función Económica Social (FES), sean declaradas tierras fiscales no disponibles hasta su recuperación.
Entre los puntos clave de la consulta popular se destaca que el 94% de los votantes exige la abrogación de leyes y decretos que facilitan los incendios y la deforestación en Bolivia. Los ciudadanos también han manifestado la necesidad de implementar una "pausa ecológica" que asegure la restauración de las áreas afectadas por quemas ilegales, con el mismo 94% de respaldo.
Varias organizaciones de la sociedad civil a finales del mes de septiembre lanzaron la iniciativa para interpelar la indolencia del Gobierno, de la Asamblea legislativa Plurinacional y la justicia, para con los resultados exigir respuestas concretas a las demandas.
Es así que exigen un 10% en el Presupuesto General de la Nacional para el medioambiente, exigen atención con políticas de enfoque agroforestal, agroecológico y ecoturismo como formas viables, que se garantice el derecho de los municipios de declararse libres de minería.
Masay señaló al Gobierno como el principal responsable del desastre ambiental y social que se vive en la región chiquitana. “Exigimos al gobierno velar por los pueblos indígenas. El responsable es el gobierno él tiene que escucharnos, ellos tienen en sus manos”, afirmó.
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La Gobernación a través del Servicio Departamental Agropecuario (Sedacruz), inauguró este lunes un nuevo Huerto Escuela Galileo en el Vivero del Servicio de Encauzamiento de ríos (Searpi) en las riberas del río Piraí.
Este nuevo huerto, beneficiará a los vecinos del Distrito 1, 2 y 4 de la capital cruceña, los mismos que recibirán capacitación desde cero para producir sus hortalizas de manera agroecológica, mejorando su alimentación y su calidad de vida, así lo informó Erik Eulert, director del Sedacruz.
Resaltó que el objetivo principal de este programa que impulsa la Gobernación, es promover la alimentación saludable en las familias cruceñas, mediante estos huertos que funcionan como escuela para aprender todo lo relacionado a horticultura agroecológica. "Con este huerto escuela estamos iniciando un proceso también de ampliación de los huertos para que en comunidades y en regiones de nuestro departamento se sigan realizando el aprendizaje de huertos escuelas que son agroecológicos", dijo.
Eulert, indicó que en primera instancia estos huertos sirven para solucionar el problema de seguridad alimentaria y en segunda instancia ayudan a la gente a cambiar su nutrición y su alimentación, además de convertirse en un ahorro económico, dado que hay alimento disponible y al alcance de la mano de la población.
Por su parte, Luis Aguilera, director del Searpi, destacó la iniciativa por parte de Sedacruz para llevar adelante estos proyectos que además de proveer alimentos, ayudan al manejo de bosques, mejoran la calidad de vida de las personas y beneficia económicamente al ciudadano.
“Cuando pensamos en prevención de inundaciones y otros desastres naturales, lo primero en que pensamos son en proyectos sociales como este, que es un gran proyecto social dada la coyuntura actual de incendios, sequías y temperaturas altísimas. Estos huertos llegan a la hora correcta, porque cuidarán y tendrán un efecto de multiplicar beneficioso”, añadió.
Este nuevo huerto, cuenta con información complementaria de la Aplicación Mi Punto Verde en la cual se encuentra una guía con los datos de los cultivos por hortaliza, donde además puede chatear con un agrónomo que le responderá las dudas en tiempo real y finalmente se tiene ahí recetas saludables y deliciosas.
El programa Huerto Escuela Galileo, se creó a partir de la Ley Departamental Nº 242 de 21 de diciembre de 2021 “Promoción e Implementación de Huertos Familiares Departamentales”.
eldeber.com.bo
El productor de arroz en Beni, David Pérez, lamentó que tienen dificultades para acceder a diésel por lo que se está afectando la siembra y esto derivará también en el incremento del precio del producto en los mercados.
Indicó que si en los próximo 20 días el sector no puede acceder a la cantidad de diésel suficiente se dejará de sembrar alrededor de 100.000 hectáreas; es decir, se concretará solo la siembra de 350.000 cuando lo proyectado era 350.000 hectáreas.
Agregó que se tiene tanto semilla como maquinaria y lo único que falta es diésel pese a que se está contra reloj pues la época de siembra concluye el 20 de noviembre.
En cuanto a hectáreas, Pérez detalló que se tenía proyectado sembrar 70.000; sin embargo, por la falta de diésel no se podrán concretar alrededor de 20.000 y esto afectará directamente en el precio final del producto en los mercados.
“Ya no tenemos diésel para sembrar, el tiempo no espera, una lluvia más y se llena de agua el campo y ya no se podrá sembrar”, explicó a tiempo de lamentar que los productores demoran entre 10 y 12 días para poder acceder a 1.000 litros de diésel.
Ante ello, el productor remarcó que están exigiendo que el Gobierno Nacional duplique la asignación de diésel para el sector.
Remarcó que si no se tiene la oferta necesaria del producto el precio final va a subir en los mercados. Aunque, explicó que en sí ya habrá una variación porque, además de la menor producción, hay un incremento del 40% en el precio de los insumos, como agroquímicos y repuestos de las maquinarias.
eju.tv
La Asociación de avicultores de pollos parrilleros (Avipar) piden al Gobierno priorizar al sector con la entrega del diésel, pues la falta de este combustible ha causado la muerte de unas 15.000 aves que debían ser comercializadas en el país. El presidente de Avipar, Winston Ortiz advirtió que se no haber combustible habrá escasez de pollos para las fiestas de fin de año.
Como una “catástrofe”, calificó el avicultor Winston Ortiz, la mortandad de pollos que se están registrando en las diferentes granjas de Santa Cruz debido a que no pueden trasladar las aves que se encuentran listas para ser comercializadas por la falta de diésel.
En las granjas, en anteriores días murieron unas 15.000 aves, y se advierte que, solo en una granja unas 17.000 aves más estaría en riesgo al no poder ser trasladadas hasta su destino por la falta de diésel. Entre tanto reportan que el sector está perdiendo unos $us 700 mil al día.
“Necesitamos diésel de manera prioritaria. El sector productivo agropecuario de Santa Cruz está en riesgo; estamos con todo en contra, no hay transporte de insumos, maíz, harinas, las soyas solventes, vitaminas aminoácidos”, explicó Ortiz.
El productor explicó que, con el bloqueo de 24 días, las granjas no pudieron ser recargadas con cerca de 3 millones de pollitos bebés, por lo que advierten que esta situación pueda generar escasez del producto para las fiestas de fin de año, y también un incremento en los precios.
“No va a faltar pollo, pero si habrá escasez porque en ese hueco de 24 días se dejó de cargar 3 millones de pollos en toda Bolivia. Eso significa que evidentemente habrá una subida de precios en esos días”, advirtió el avicultor.
No fueron invitados al diálogo con el Gobierno
El presidente de Avipar lamentó que el Gobierno no haya invitado al sector para estar presente en el diálogo que se realizará este viernes con el sector productivo.
“Manejamos el 40% de la avicultura nacional, casi el 50%, pero sin embargo la Federación tristemente no está siendo invitado y nosotros exigimos al señor presidente que le dé un jalón de orejas al nuevo ministro para que invite a todo el sector productivo, especialmente al avícola”, afirmó el productor.
eju.tv
Con el objetivo de promover la salud y los buenos hábitos nutricionales en los estudiantes, la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) y el Colegio Departamental de Nutricionistas y Dietistas de Santa Cruz (CODENUD) inauguraron el ciclo de charlas sobre el huevo en unidades educativas de la capital cruceña.
Las charlas educativas son parte de las actividades del proyecto “El huevo me alimenta y da energía”, orientado a difundir información con base científica de las bondades, valores alimenticios y nutricionales del huevo de gallina, la proteína animal de mayor consumo en el país.
La presidenta del CODENUD, Joaquina Centellas, señaló que es muy importante hacer estas actividades porque así los niños aprenden y valoran tener una alimentación saludable. Resaltó que el huevo es un alimento accesible para la población y muy nutritivo, con el que se puede preparar muchas recetas para todos los tiempos de comida. “Es muy importante que los niños capten este mensaje y que ellos mismos puedan replicar en sus familias todo lo que es la educación de una buena alimentación para tener una nutrición excelente, a fin de no enfermarse y crecer sanos y fuertes”, concluyó la titular del CODENUD.
La charla inició con la explicación de la nutricionista, luego hubo ronda de preguntas y respuestas y concluyó con dinámicas realizadas por los estudiantes de la Carrera de Nutrición de la Universidad Evangélica Boliviana.
Los estudiantes, además de conocer todas las propiedades del huevo, se llevaron recetarios de regalo para aprender a preparar desayunos y meriendas nutritivas, que podrán incluir en su dieta diaria utilizando ingredientes fáciles de conseguir en el mercado.
Al respecto, el gerente de ADA, Boris Paz, dijo que estas charlas son muy importantes, pues los escolares se encuentran en una etapa de desarrollo y crecimiento que requiere el consumo de alimentos nutritivos que le aporten proteínas, vitaminas, minerales y energía para desarrollar todas sus actividades educativas. “El huevo no sólo es un alimento completo, sino también es el más asequible para los bolivianos, convirtiéndose en un aliado para enfrentar la crisis económica por la que está atravesando nuestro país”, puntualizó Paz.
Por su parte, la directora del colegio Basilio de Cuéllar, Patricia Ríos calificó de beneficiosa y práctica la charla impartida a sus estudiantes. “Me parece muy bien y esperamos que se lleve a cabo en muchos colegios, porque el consumo de huevo es muy importante ya que tiene muchas proteínas, vitaminas y prácticamente es completo”.
Mientras el precio del kilo de pollo en Santa Cruz baja a 12 bolivianos, en La Paz el precio está 100% por encima, oscila entre los Bs 23 y los Bs 24,50 por kilo, debido al bloqueo de caminos evista en Cochabamba que ya cumple 15 días.
Brújula Digital visitó ayer los mercados de Achumani, Los Pinos, Camacho y Sopocachi en La Paz y pudo evidenciar la poca cantidad de carnes de res y pollo en diferentes puntos de venta.
En el mercado de Sopocachi indicaron que la cantidad de carne de pollo que les llega es muy poca y el kilo oscila entre los Bs 23 y 24,50. “No llega pollo, nosotros tenemos que ir a conseguir para poder vender. Lo que ha sobrado estoy vendiendo por presas”, indicó una vendedora del mercado.
En el caso de la carne de res los vendedores indicaron que es poca la cantidad que les llega y que el kilo gancho está a Bs 33. “Lastimosamente el kilo gancho ha incrementado tres pesos más, estaba a 30 y ahora nos ha llegado a 33”, informó Manuel Gutiérrez vendedor de carne de res.
En el mercado Camacho, de 10 carnicerías tres estaban cerradas y otras tres ya no tenían productos para vender. La carne de pollo en este mercado se encuentra en los Bs 23 el kilo y con respecto a la carne de res indican que el kilo gancho está entre Bs 30 y 31,50.
“No hay pollo, nos está llegando seis al día y el precio está en 23 bolivianos”, afirmó una comerciante. “La carne que trae el Gobierno es de muy baja calidad, no es carne de calidad que se le puede ofrecer al cliente final”, informó Elvira Espejo, quien indicó que por esa razón no pide la carne que trae la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a Bs 25,50 el kilo gancho.
Mientras que en la zona Sur de la ciudad, en los mercados de Achumani y Los Pinos el kilo de pollo está a Bs 23. Estamos aumentando el precio porque nos llega más caro a nosotras igual y ya es perdida no más”, indicó una vendedora del mercado Los Pinos.
SUPERMERCADOS EMAPA
La fila en los supermercados de Emapa en las sucursales de Correos y la de la avenida Camacho registraban filas largas de personas que buscaban comprar el kilo de pollo a Bs 16,50. Sólo se vendía un pollo por persona.
Sólo un pollo nos están dejando comprar”, indicó un comprador a Brújula Digital. Cerca de las 13:15 en la sucursal de la Camacho la fila era de media cuadra y a las 14:00 en correos la fila era de alrededor de 100 personas.
ESCASEZ DE COMBUSTIBLE
Desde que empezó el bloqueo evista, hace 15 días en defensa del expresidente que enfrenta una denuncia por el delito de trata y tráfico, los precios de diferentes productos de la canasta familiar incrementaron, como es el caso de las carnes de res y pollo por lo que desde Emapa informaron que se venderá este producto a los comerciantes para que pueda reducir el precio.
La carne de pollo se venderá a los comerciantes en detalle a Bs 16,50 el kilo y la de carne a Bs 25,50 bolivianos el kilo gancho. “Hasta ahora ha llegado a La Paz vía aérea 360 mil kilos de la carne de pollo, se tiene programado para mañana otros 80 mil kilos de pollo para abastecer a través de dos canales de venta por un lado los mercados y por otro Emapa”, indicó en conferencia de presa el gerente general de Emapa.
Pese a esta medida en los mercados no hay carne de pollo ni carne y el precio en ambos casos sigue elevado.
eldiario.net
Productores de la zona norte del departamento de Santa Cruz determinaron tomar, de forma pacífica, un pozo petrolero en San Juan. La medida es para exigir a YPFB la dotación regular de combustible en la zona.
La Federación de Trabajadores Campesinos de la Provincia Ichilo determinó el pasado viernes tomar los pozos petroleros en San Juan; sin embargo, tras una reunión que sostuvieron con personal de YPFB, que se comprometió a conceder el cupo que exigían, la medida se levantó durante el fin de semana.
Este lunes, los productores tras comprobar que el compromiso de YPFB no fue cumplido instalaron nuevamente una vigilia pacífica en uno de los siete pozos que existen en ese municipio.
"Nos encontramos en el kilómetro 36, recién estamos empezando, de manera pacífica. Si no nos van a tomar en cuenta, vamos a tomar todos los pozos que hay en San Juan", advirtió Nélida Ponce, de la Subcentral Tarumá.
La dirigente aclaró que no se permitirá el ingreso ni la salida del personal, que es muy distinto al cierre de válvulas, que no se tocarán. "Las autoridades deben bajar hasta San Juan. Nosotros no podemos perder más producción de la que ya hemos perdido", reclamó la mujer, desde el ingreso a uno de los pozos, acompañada de un grupo de campesinos con carteles en mano.
Agregó que "están llegando 15.000 litros de diésel, pero eso no abastece. Hace dos semanas no llega diésel, cuando antes llegaban 35.000 litros; pareciera que estamos castigados como municipio. Somos un municipio productor y el Gobierno nos tiene que escuchar", cerró.
eldeber.com.bo
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha instado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a priorizar la aprobación del proyecto de Ley de modificación de la Ley 767, con el fin de atraer inversiones destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos.
La entidad empresarial considera que esta medida es crucial para abordar el problema estructural de la disminución de la producción de carburantes en el país, afectando a diversos sectores productivos.
A través de un comunicado, la CEPB celebró el acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, y exigió un tratamiento urgente de la propuesta, señalando que su implementación impactaría de manera positiva a todos los bolivianos sin distinción.
En este contexto, la Confederación destacó la promulgación del Decreto Supremo 5271, que amplía el alcance del Decreto 5218, firmado entre el gobierno y los sectores productivos, como una alternativa adecuada para garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles.
Asimismo, la CEPB valoró la coordinación entre el gobierno y los sectores empresariales, resaltando los avances en la elaboración de reglamentos y procedimientos para facilitar la libre importación y la participación del sector privado en procesos competitivos.
La organización expresó su respaldo al gobierno en su compromiso de garantizar el suministro de combustibles subsidiados para el transporte y otros sectores que lo necesiten.
La Confederación reafirmó su disposición de continuar el diálogo público-privado iniciado con el gobierno, considerándolo como un camino necesario para enfrentar los desafíos económicos del país y contribuir a la recuperación de la economía nacional.
erbol.com.bo
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, pidió al Gobierno facilitar la libre importación y comercialización de combustible con "cero cobro de impuestos, cero complicaciones en los trámites y cero burocracia".
“Es importante saber, también, que YPFB seguirá supliendo de combustibles subvencionados para tranquilidad de la gente. Ojalá que para que esta medida funcione haya cero burocracia, cero complicaciones en los trámites y también cero cobro de impuestos”, manifestó Rodríguez.
Señaló que el mercado libre y mercado a precio subvencionado deberá combatir con el mercado negro, donde se genera la especulación. “Según el decreto habrá dos mercados, el mercado a precio subvencionado donde hay cola, debería haber un mercado libre donde la formación de los precios debería ser libre para generar la oferta y demanda sin interferencia del Estado”, señaló.
Asimismo, indicó que el sector privado tiene la experiencia para importar los combustibles, cumplen con la logista y los tanques necesarios. “En el pasado, antes de que exista el monopolio de comercialización por parte de YPFB, las empresas podían importar (…). Existe la logística, existen los tanques no solo en Santa Cruz, también en el interior. La experiencia en el sector privado (la hay)”, sostuvo.
Asimismo, también pidió permitir que los productores del campo fabriquen biocombustibles así como diésel a partir de desechos plásticos para consumo propio y su comercialización; pleno uso de la biotecnología en el agro, libre exportación, cero avasallamientos y bloqueos, para ser competitivos, frente a un combustible más caro; e incentivos realistas para reanimar la exploración de nuevos campos, siendo que aquello de que “queremos socios, no patrones”, definitivamente no ha funcionado, más bien, ha perjudicado al país”, indicó.
urgente.bo
Luego de una reunión con la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el Gobierno coincidió mantener la exportación de carne de res y perfiló una mesa técnica con los sectores involucrados para transparentar la información y evitar especulaciones.
El encuentro fue fijado en la capital cruceña ante el paro nacional indefinido convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) que denunció incremento de precios, lo que afecta a los detallistas.
El punto central de la reunión fue el análisis a la exportación de la carne que, según Contracabol, ocasiona perjuicios a su sector. Sin embargo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, descartó afectación en el mercado nacional.
“(La exportación de carne) no afecta la calidad del producto, no afecta el abastecimiento del producto y más al contrario, la exportación viene a constituirse como un pilar fundamental dentro de la política de estado de fomentar la producción y, a través de la exportación, generar divisas”, explicó.
En ese sentido, Silva propuso llevar adelante una mesa nacional con los representantes ganaderos, de Contracabol, exportadores y autoridades del Gobierno con el objetivo de transparentar “de una vez por todas” la información que maneja cada sector.
“Ojalá que Contracabol pueda aceptar este diálogo y declarar un cuarto intermedio en el paro que han declarado para participar en esta mesa nacional”. El presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, aseguró la exportación de carne de res no representa más del 10% de la producción nacional, lo que no ocasionaría efectos en el mercado local de abastecimiento.
No obstante, afirmó que la problemática por la falta de combustible está ocasionando perjuicios en los sectores productos de Santa Cruz.
Silva afirmó que se cursarán las invitaciones para que, a la brevedad posible, se pueda concretar la reunión.
erbol.com.bo
La biodiversidad de los Itonamas, del Territorio Indígenas Multiétnico 1 (TIM1) y del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) está amenazada por los desmontes y los incendios forestales, mientras sus territorios sufren la presión de los ganaderos y el impacto de la sequía.
Así lo hicieron conocer los indígenas de los tres territorios, ubicados en el departamento de Beni, durante el taller “Consulta sobre biodiversidad” que desarrolló la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc) el 11 y 12 de noviembre, en San Ignacio de Moxos.
Cada territorio trabajó un mapa parlante en el que identificaron los recursos y biodiversidad que tienen, así como los problemas y amenazas. Todos coincidieron en señala como principales problemas a los desmontes, los incendios, la sequía y la falta de agua potable, así como el avasallamiento de sus territorios por parte de los ganaderos y su ganado.
Otto Colpari Cruz, técnico de la Pbfcc, manifestó que la gran problemática para el TIM1 y TIMI son los avasallamientos. “Los ganaderos y privados están haciendo disminuir el territorio. Ahí es que están perdiendo tierra, que ya habían saneado y que no están logrando enfrentar a los avasalladores”, analizó.
En el taller, que es parte del proyecto de consulta a pueblos indígenas sobre su visión de conservación de la biodiversidad, contó con la participación de representantes de los pueblos indígenas Itonama, Mojeño Ignaciano, Mojeño Trinitario, Movima, Yuracaré y Tsimane.
Tanto en plenaria como en el trabajo de los grupos, los participantes analizaron la situación de la flora y la fauna en sus territorios, así como de los recursos, principalmente de las fuentes de agua. Un problema en común que se está presentando en sus territorios son los incendios que ha provocado la pérdida de sus fuentes de vida, afectando sus cultivos lo que repercute en su falta de alimentos.
María Rosario Cunavi Yuco, presidenta del TIMI, afirmó que en todas las comunidades de su territorio hubo incendios que son provocados en su mayoría por los ganaderos que rodean al TIMI. “Hemos visto que muchos animalitos se han quemado como el taitetú, el jochi y eso son pérdidas para nosotros, para nuestra alimentación porque también se han quemado en nuestros chacos los plátanos, la yuca y otros”, dijo Cunavi.
Otra de las amenazas a su biodiversidad son los desmontes, señalan que hay mucha extracción de madera en sus territorios por terceros. “A los que sacan la madera les beneficia porque obtienen ingresos económicos, pero a nosotros nos afecta porque están tumbando el monte, estamos perdiendo los árboles”, describió el joven Diego Armando Guareba Melgar, de la comunidad Lacayoba, ubicada en el territorio indígena Itonama.
La información preliminar recogida durante el taller deja ver que en esos territorios tienen sistemas agroforestales y que practican una agricultura y ganadería que no es invasiva, sino que está relacionada a la seguridad alimentaria de subsistencia de las familias indígenas. “En cuanto a sus ecosistemas prácticamente los tienen bien conservado, con abundancia de naturaleza y especies, pero la gran presión para todos es la ganadería extensiva de los empresarios”, analizó Colpari.
Para el técnico de la Pbfcc, los territorios indígenas son zonas de conservación y el Estado tendría que poner dinero para que así se mantengan. Sin embargo, el mismo Estado representa un peligro para esas zonas de conservación porque prioriza las actividades extractivas.
Esto pasa en el TIM1 cuyo territorio tiene una “loma santa”, un espacio de conservación estricta definida por sus habitantes, cerca del cual se tiene proyectado realizar actividad hidrocarburífera, una situación que tiene preocupados, principalmente a los jóvenes, como Clara Rossell.
“Los jóvenes queremos que las autoridades nacionales respeten nuestros territorios, porque el gobierno central viene y dice aquí vamos a poner una empresa para extraer los minerales y no ve las afectaciones que tenemos en nuestros territorios, en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de conservación y queremos que eso nos lo respete”, demandó Rossell.
Colpari remarcó la importancia de asegurar que los territorios indígenas, sus ecosistemas y su biodiversidad se mantengan bien gestionados y protegidos en coordinación con los actores locales.
DERECHOS Y EL MARCO SOBRE BIODIVERSIDAD
En el taller se realizó una explicación sobre los derechos individuales y colectivos y el Marco Global sobre Biodiversidad. Presentación de la relación entre los pueblos indígenas y el Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal.
Mario Laura, técnico de la Pbfcc, se encargó de explicar sobre la necesidad de contar con una normativa que incluya los derechos de la conservación de la biodiversidad. Por su parte, Colpari destacó la importancia de integrar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la gestión y conservación de la biodiversidad, como lo establecen las metas del Marco Mundial de Biodiversidad.
El Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, aprobado en 2022 con el objetivo de salvaguardar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad, tiene cuatro objetivos y 23 metas que cumplir para el 2050.
Entre las 23 metas que deben alcanzarse para 2030 figuran la conservación de al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, la restauración del 30% de los ecosistemas degradados, la reducción a la mitad de la introducción de especies invasoras y el descenso de US$ 500.000 millones al año en subvenciones perjudiciales.
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La erradicación de cultivos de coca no autorizados alcanzó las 8.013 hectáreas a nivel nacional, con mayor impacto en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, informó el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, situación que generó preocupación debido al aumento de cultivos en zonas autorizadas y obstáculos durante las operaciones en áreas protegidas.
La autoridad detalló que la obstaculización en el trabajo de erradicación se suscitó en los parques nacionales como Isiboro Sécure y Carrasco, donde grupos de personas frenaron las tareas.
“En esas áreas no está permitido el cultivo de coca y la erradicación se lleva a cabo sin concertación en cumplimiento de la Ley General de la Hoja de Coca y los acuerdos internacionales”, aclaró la autoridad.
Asimismo, alertó sobre el incremento descontrolado de cultivos en regiones autorizadas, superando el 70% en La Paz y alcanzando el 76% en el Trópico de Cochabamba; por lo que exhortó a los productores a intensificar el control social para evitar el crecimiento ilegal.
El viceministro manifestó que, a pesar de los desafíos, los trabajos de erradicación avanzan en áreas protegidas como en la Reserva Forestal El Choré, que pronto será declarada libre de cultivos de coca.
El viceministro de Defensa Social expresó su preocupación por la constante obstaculización en las operaciones de erradicación en áreas protegidas y por el aumento de cultivos en zonas autorizadas.
Por otro lado, reconoció el esfuerzo de los equipos militares, policiales y civiles involucrados en esta tarea, quienes trabajan sacrificándose por nuestra querida Bolivia.
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El segundo día de comercialización de arroz en los barrios y Emapa no muestra un calendario de venta
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comenzó su segundo día de venta de arroz en diferentes zonas y barrios del país; sin embargo, no socializó ni anunció un programa o cronograma de comercialización a través de sus redes sociales y página oficial.
A partir de ayer, la empresa estatal decidió dejar de vender arroz en sus sucursales para llevar el producto directamente a los barrios; la medida provocó protestas en personas que estaban haciendo filas para adquirir el grano.
El gerente de Emapa, Franklin Flores, dijo que desde hoy comenzarían a vender el arroz en diferentes barrios del país desde las 05.00. Ante la consulta de cómo se enterará la población por dónde pasarán los camiones, el funcionario prometió que toda la información estaría en la página oficial y en las redes sociales de la empresa estatal.
Una revisión exhaustiva a las plataformas de Emapa evidenció que no existe un programa o cronograma de comercialización por barrios en cada departamento. En redes sociales ya circulan videos de vecinos que protestan por la falta de seriedad y coordinación para adquirir el producto. La empresa estatal se limitó a difundir fotografías de la comercialización de arroz en diferentes departamentos.
El país atraviesa por un desabastecimiento de arroz, el poco producto que se puede encontrar cotiza al doble del precio oficial en los mercados populares. Desde la semana pasada se registraron varias protestas en las sucursales de Emapa por falta de arroz.
Flores denunció que muchos comerciantes compran el grano para revenderlo al precio del mercado popular. Por ello, decidieron comenzar a vender directamente en los barrios.
anf